El Gobierno prepara un cambio en la Formación Profesional que contempla la creación de una red nacional de 50 centros de excelencia que harán investigación aplicada, como en las universidades, y aplicarán metodologías inmersivas de aprendizaje, como la realidad virtual. Por primera vez, los alumnos cotizarán a la Seguridad Social, tendrán un contrato con las empresas y su tiempo de formación contará para su vida laboral.

Se espera que a final de año estén listos los borradores de dos reales decretos que desarrollan la Ley Orgánica de FP que se aprobó en marzo, para que comiencen a aplicarse a partir del curso 2023/24. Uno de ellos regula la ordenación del nuevo sistema y otro unificará los registros. El objetivo es que más alumnos cursen esta modalidad (ahora se matricula casi el 14% de los jóvenes, frente al 31% de la OCDE) para frenar el elevado desempleo juvenil (del 28,5%) y mejorar la cualificación de los adultos.

DOS AULAS, UN SISTEMA
Se crean dos modalidades, la primera es la FP general, que contempla entre el 25% y el 35% de prácticas en empresas. Los alumnos cotizarán a la Seguridad Social y el Gobierno subvencionará hasta el 95% de la cotización. Su trabajo contará para su vida laboral. La segunda es la FP intensiva, con prácticas que pueden durar más del 35% del horario y que contempla un contrato de formación. El trabajo se concibe en dos aulas -el centro y la empresa- donde los alumnos estarán supervisados y serán evaluados por dos tutores.

NUEVOS TÍTULOS CON EL 100% DE EMPLEABILIDAD
Drones, Impresión 3-D, Vehículos Híbridos, Cultivos Celulares, Logística, Big Data, Ciberseguridad, Redes 5-G...

PROYECTO INTERMODULAR
Todos los alumnos de todos los ciclos formativos tendrán que hacer el llamado proyecto intermodular, se trata de un trabajo donde se mezclan todas las asignaturas -en la FP se llaman módulos- sobre algo real a lo que se enfrentará cuando esté en una empresa.

EVALUACIÓN
La nueva ley establece «la obligatoriedad de contar con un mecanismo de evaluación del sistema». Por primera vez se obliga a que la Administración General del Estado elabore una memoria bienal que tendrá que publicar. En ella habrá resultados que deberán facilitar las CCAA, así como «evaluaciones aleatorias encomendadas a organismos independientes».

Una de las cosas más interesantes es que, cada cuatro años, se hará un estudio sobre la empleabilidad de los títulos y las necesidades de capital humano del sector público y privado.

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